Derecho al trabajo y a la estabilidad laboral
La Población Económicamente Activa (PEA), constituida por todas las personas de 15 años y más con disposición y disponibilidad para trabajar, se ubicó en diciembre de 2014 en 14.403.270 personas, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) 1. La población con disposición y disponibilidad de trabajar, que representa 65,6% de la población total nacional, creció respecto al mismo mes de 2013, cuando estaba integrada por 13.946.251 personas.
La cifra permite precisar que 457.019 personas pasaron a formar parte de la PEA en los 12 meses entre diciembre de 2013 y el mismo mes de 2014.
El mayor incremento de personas en la población activa, de acuerdo con el INE, fue del género masculino. Las estadísticas indican que del total de personas que se sumaron a la tasa de actividad 306.421 eran hombres, mientras que solo 150.598 eran mujeres. De cada 13 venezolanos ocupados, ocho son hombres y cinco mujeres, con lo cual se repite la preeminencia del género masculino en el campo laboral.
En lo que respecta a las variaciones por grupos de edad, el mayor paso a la población económicamente activa fue dado por las personas de 45 a 64 años de edad, en donde 206.116 personas se sumaron, seguida por el grupo de 15 a 24 años, en donde se observa un incremento de 143.594 jóvenes.
Destaca en las cifras del INE un retroceso en el grupo de 65 años de edad y más en lo que a población económicamente activa se refiere. En diciembre de 2013, 511.154 personas de este rango de edades formaban parte de las personas con disposición y disponibilidad de trabajar. Esta cifra cayó a 498.282 en diciembre de 2014.
Ocupación y desocupación
El grueso de la población activa del 2014 entró en la categoría de población ocupada. De acuerdo con el INE, 13.607.057 personas (94,5% de la población activa) estaban ocupadas en diciembre de 2014, cifra que permite observar un incremento de 0,1% de la tasa de ocupación con respecto a diciembre de 2013, cuando la población ocupada se ubicaba en 13.165.887 personas. Sin embargo, la definición de ocupación siguió generando controversia, pues riñe con el estatus de empleo estable y decente.
El organismo estatal entiende a la población ocupada como aquella integrada por personas de 15 años y más de edad, de uno u otro género, “que declaran haber trabajado con o sin remuneración, por lo menos una hora, durante la semana anterior a la realización de la entrevista”, de modo que un trabajador independiente que haya trabajado la semana previa al menos una hora es calificado como ocupado, aunque este trabajo no le genere estabilidad ni ingresos continuos.
Pese a que la tasa de ocupación creció, la desocupación subió. El INE precisó que en diciembre de 2014 la población desocupada fue de 796.213 personas (5,5%), mientras que en diciembre de 2013 era de 780.364 personas (5,6%), de modo que en términos reales hubo
un aumento del número de personas desocupadas; pero cuando se considera el crecimiento de la población económicamente activa se observa una menor proporción de personas en desocupación.
En junio de 2014 el Ejecutivo inició la consulta nacional de la Ley para el Empleo Juvenil, a propósito de las cifras oficiales del INE que revelaron que a mediados de año la tasa de desempleo entre los jóvenes era de 14,4%. “Más de 350 mil muchachos están sin trabajo (…) El Gobierno espera que con esta Ley y la Misión Jóvenes de la Patria se abra un abanico de oportunidades y se reduzcan los obstáculos para encontrar empleo”, dijo el ministro de la Juventud, Víctor Clark2.
Crecimiento de la informalidad laboral
En cuanto a la segmentación del empleo, las cifras oficiales revelan que de la población ocupada total de 13.607.057 personas, 8.193.897 (60,3%) estaban incorporadas en el sector formal y 5.403.837 (39,7%) en el sector informal. A la población ocupada en el sector formal se sumaron 24.370 personas en diciembre de 2014, comparado con el mismo mes de 2013; pero al comparar el crecimiento del ramo formal respecto a la ampliación de la población económicamente activa, se observa una contracción de 1,8% en este sector. A la par, las cifras del INE muestran una expansión del sector informal, considerando que la población ocupada en la informalidad pasó de 4.996.360 personas en diciembre de 2013 a 5.403.837 personas en el mismo mes de 2014, con lo cual 407.477 venezolanos se sumaron al trabajo informal.
La tasa de informalidad que se ubicó en diciembre del 2013 en 37,9% se elevó a 39,7% en el mismo mes de 2014.
El mayor crecimiento en el sector informal lo protagonizan los trabajadores por cuenta propia no profesionales, grupo al que se agregaron 328.542 personas en el periodo de estudio, en un contexto en el que los gremios empresariales alertaron que las múltiples trabas económicas estaban llevando a los empresarios a informalizarse.
Sector privado es el mayor empleador
En lo que respecta a la categorización por sector empleador, destaca un descenso de la nómina del sector público y un leve incremento de la nómina privada. Entre diciembre de 2013 y el mismo mes de 2014, la nómina pública se contrajo 1,3% al disminuir el número de empleados de 2.786.720 en diciembre de 2013 a 2.709.143 en diciembre de 2014. En contraste, la nómina del sector privado creció 1,3% en el periodo descrito, al pasar el número de empleados de 10.379.167 en diciembre de 2013 a 10.897.914 en el mismo mes de 2014.
Las cifras muestran la fortaleza del sector privado en el campo empleador, pese a los múl-tiples problemas que han conducido a su rezago productivo. De cada 13 ocupados en Venezuela, 10 son empleados por el sector privado y los tres restantes por el ramo público, cuya nómina ha crecido en los últimos años a raíz de las políticas de estatizaciones y expropiaciones.
Llama la atención en las cifras del sector privado, el descenso de las sociedades de personas, empleados y obreros y ayudantes familiares, y el incremento de 1,5% del grupo de trabajadores por cuenta propia, oficio que experimentó un salto en la informalidad. La mayor proporción del salto en el sector privado fue dado por los trabajadores por cuenta propia, que son categorizados como sector informal al no contar con condiciones laborales decentes y estabilidad.
Desempleo como generador de protestas
La pérdida del poder adquisitivo en un entorno inflacionario, aunado al estancamiento en la creación de puestos de empleos, obligó a los desempleados a protestar en más de una oportu-nidad. Un grupo de desempleados cerró a principios de 2014 la carretera nacional Cantaura El Tigre, en el oriente del país, para exigir empleo en el Patio de Tanques de Oficina, adscrito a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Personas sin empleo fijo del estado Zulia se trasladaron a Caracas para una huelga de hambre frente a la Organización de Estados Americanos (OEA) con el propósito de llamar la atención de la comunidad internacional sobre su situación laboral, luego de exigir en varias oportunidades la depuración del Sistema de Democratización del Empleo (Sisdem), coordinado por Pdvsa, para poder acceder a un puesto de trabajo.
Inamovilidad laboral
Pese a que el país experimentó un bajón productivo en 2014, respecto a años previos, lo que generó un retroceso en la manufactura y el cierre de empresas, el Ejecutivo mantuvo su política de inamovilidad laboral, con lo cual se extendió la medida implementada desde mayo de 2002 para evitar el despido injustificado de los trabajadores.
Durante la firma del decreto, el presidente Nicolás Maduro recordó que el expresidente Hugo Chávez trabajó para que Venezuela tuviera la ley más avanzada del mundo en materia de protección a los trabajadores y la firma de la extensión del decreto, dijo, “es el com-plemento de una serie de medidas para impulsar el trabajo y la producción nacional”.
En el decreto se mantuvo la especificación introducida en 2012, cuando se eliminó el techo de tres salarios mínimos para gozar del beneficio y la posibilidad de denunciar el despido sin justa causa ante la Inspectoría del Trabajo en los 30 días siguientes al hecho. De acuerdo con el documento oficial, los trabajadores amparados por la prórroga no podían ser despedidos, desmejorados ni trasladados sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción.
El decreto mantuvo el amparo a los trabajadores a tiempo indeterminado después del primer mes al servicio de un patrono; a los contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido en el contrato o, en el caso de que el contrato sea para una labor u obra determinada, mientras no haya concluido la totalidad o la parte de la misma que constituya su obligación. Se mantuvo como en años anteriores la exclusión del beneficio de inamovilidad de los trabajadores que ejerzan cargos de dirección, así como los trabajadores de temporada u ocasionales.
En el decreto, además, se mantuvo la eliminación de la facultad de las Inspectoras o Ins-pectores del Trabajo de ordenar como medida preventiva la reincorporación o la restitución de la situación jurídica infringida por el tiempo que dure el procedimiento; no obstante, se mantiene que los inspectores tramitarán “con preferencia a cualquier otro asunto” los procedimientos derivados de la inamovilidad laboral y procederán “con la mayor eficiencia y eficacia en salvaguarda y protección de los derechos laborales”.
El decreto fija que al patrono que desacate la orden de reenganche definitivamente firme de un trabajador protegido por la inamovilidad laboral especial prevista “se le impondrán las sanciones previstas en la ley”.
Despidos a granel
Pese a la inamovilidad laboral, la preferencia que debían tener las Inspectorías en salvaguardar los procedimientos derivados de la inamovilidad laboral “sobre cualquier otro asunto” y la “mayor eficiencia” a la que hace mención el decreto, las denuncias en torno a la incompetencia de estos entes –adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (MPPPST)– prevalecieron con numerosas protestas, generadas por el caudal de calificaciones de despido emitidas de forma injustificada, el silencio oficial y la inoperancia frente al incumplimiento de órdenes de reenganche.
Fuentes del sector educativo denunciaron el despido de más de tres mil docentes de ocho municipios del estado Lara “por falta de matrícula estudiantil y presupuesto”, informó el secretario nacional de contratación y conflicto del Colegio de Profesores de Venezuela, Frank Andrade, quien señaló que en su mayoría los afectados eran educadores integrales egresados de la Misión Sucre.
En la Alcaldía de Valencia también hubo protestas por la misma causa; en este caso, de 800 trabajadores de diferentes áreas y direcciones a quienes no se les renovó el contrato. El director de recursos humanos de la Alcaldía de Valencia, Iván López, explicó que en este caso no hubo violación pues los contratos eran a tiempo determinado. El Sindicato Único Municipal de Empleados Públicos alertó, sin embargo, que había trabajadores con más de tres contratos continuos, que ya debían haber sido incorporados a la nómina fija, según la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). A finales de enero, al menos 26 trabajadores habían sido reenganchados.
En Guatire, 22 trabajadores del Concejo Municipal de Zamora fueron despedidos pese a que un mes antes habían sido incorporados a la nómina fija. Mujeres embarazadas y personas de la tercera edad integraban el grupo de afectados. La presidenta del Colegio de Enfermeras de la entidad zuliana, Hania Salazar, fue despedida del Hospital Chiquinquirá de Maracaibo, estado Zulia, “sin motivos”, luego de 33 años de servicio y en medio de la vigencia de la inamovilidad laboral.
Despedidos del Ministerio de Servicios Penitenciarios denunciaron que en los últimos dos años han cesado a más de mil empleados injustificadamente, violando la inamovilidad laboral e incumpliendo, posteriormente, las órdenes de reenganche. También denunciaron despidos indirectos, al trasladar a los trabajadores al interior del país sin bonificación, con trabajo excesivo y con mínimas condiciones de trabajo en el ambiente laboral.
En el ramo privado también hubo registros de despidos injustificados. Representantes sin-dicales del sector textil y de la confección alertaron sobre el despido irregular de 250 trabaja-dores de la empresa Wrangler, tras el incendio registrado el 27.02.14 en la empresa matriz ubicada en Caracas. 70% de los despedidos eran mujeres con una antigüedad de 15 a 20 años. En la privada Pepsi, trabajadores protestaron durante varios días por las notificaciones de despido recibidas luego de que presuntamente la empresa tuviera planes de cerrar sus puertas en El Tigre, estado Anzoátegui.
Múltiples fueron las denuncias de despidos injustificados luego de que los trabajadores afectados revelaran o protestaran por deficientes condiciones laborales. Fue el caso de em-pleados de compañías privadas como Daka, quienes denunciaron despidos injustificados en represalia por haber denunciado irregularidades ante la Inspectoría del Trabajo. Entre las quejas estaban el incumplimiento de beneficios de la LOTTT y el retraso en el pago de la diferencia de utilidades. Un mes después, durante una protesta, los trabajadores denunciaron
que la directiva obligaba al personal a firmar renuncias, con lo cual la nómina se redujo a la mitad. La gerente nacional de recursos humanos, María Eulalia Jara, admitió que por la “situación” del país adeudaban el bono de alimentación y señaló que los trabajadores renunciaron “voluntariamente”.
El incumplimiento de órdenes de reenganche también fue motivo de protesta. 25 traba-jadores de la Hotelera Guaparo, ubicada en el municipio Naguanagua, denunciaron que la compañía privada no quería reengancharlos pese a la orden de la Inspectoría del Trabajo. Los empleados protestaron durante más de 20 días en las instalaciones de la hotelera20. Extra-bajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas reclamaron el reenganche de 1.158 traba-jadores establecido en la Resolución 6.540 del Ministerio para el Trabajo y Seguridad Social del 08.07.2009. Los desempleados consignaron un documento ante la Fiscalía General de la República para solicitar un pronunciamiento, visto el retraso en el cumplimiento de la medida.
Las inspectorías fueron duramente criticadas como consecuencia de la ola de despidos. A propósito de denuncias de destituciones en la empresa privada Mikro 760 en el estado Aragua, el diputado regional por el Partido Comunista de Venezuela, Eloy Ordaz, instó al Ejecutivo nacional a revisar el trabajo de las Inspectorías, pues “la información que han colado algunos funcionarios es que las calificaciones de despido forman parte de los acuerdos alcanzados entre los empresarios y el alto Gobierno”.
Trabajadores despedidos de la empresa Carbones del Zulia tras 11 años de servicio como contratados señalaron que cumplieron todos los pasos pertinentes, incluida la consignación de la denuncia ante la Inspectoría del Trabajo, y no recibieron respuesta. “Fuimos a la Inspectoría del Trabajo ubicada en Maracaibo y a la Sub-inspectora de Mara solicitándoles que fueran a ver las condiciones laborales en que nos encontrábamos y lo que estaba sucediendo, pero nunca asistieron”, denunció uno de los afectados, Ronald Padilla.
A trabajadores de Puerto Cabello, estado Carabobo, que intentaban denunciar ante la Inspectoría del Trabajo las irregularidades en las empresas portuarias, no sólo se les impidió la entrada al ente sino que se les informó que la Inspectoría no contaba con suficiente personal para atender sus denuncias en torno al despido de 75 trabajadores de la Almacenadora de Contenedores (Almaco), que sirve de depósito a la estatal Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA). En Valencia, estado Carabobo, movimientos sindicales y consejos de trabajadores exigieron una “movida de mata” en las Inspectorías, al señalar que se parcializan hacia los patronos, apuntando que mientras se emiten cientos de calificaciones de despido, los pliegos conflictivos introducidos son “deliberadamente retrasados”.
“Las demandas de los trabajadores son demoradas en detrimento del sector obrero, en una inaceptable parcialización hacia el patrono”, denunció el secretario de la Federación Unitaria Bolivariana de Trabajadores en Carabobo, Julio Polanco.
Precisamente en Carabobo, el caso de 42 trabajadores que fueron despedidos injustifi-cadamente paseó por las Inspectorías de Guacara, Maracay, Valencia y Puerto Cabello, sin resultados positivos y dejando como saldo, hasta julio de 2014, 11 meses de salarios caídos. Los trabajadores presumieron complicidad entre los jefes de las inspectorías.
“Cada día se aprueban despidos en complicidad con las autoridades nacionales del Ministerio [del Trabajo] y sobre todo del viceministro Elio Colmenares, que es quien protege a estos funcionarios, cuando su deber es proteger a los trabajadores”, denunció en otra
protesta por despidos –en diciembre– el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Douglas Gómez.
En octubre, los trabajadores entregaron al procurador del Trabajo, Ramón Huiza, un do-cumento en el que exigieron la “depuración y transformación profunda” del Ministerio y sus entes adscritos. En el documento solicitaron respeto a la estabilidad en el trabajo, a la inamovilidad y a los fueros de Ley, así como el cese de la criminalización de la protesta.
El director del MPPPST en el estado Carabobo, Miguel Aponte, criticó que algunos funcionarios defiendan los intereses de los patronos en detrimento de la masa laboral y se hayan convertido en “instrumentos de persecución a la clase obrera”. Anunció en el último trimestre del año que revisarían las calificaciones de despido para evitar destituciones arbitrarias y visitarían las fábricas para verificar los abusos patronales.
Funcionarios de mayor rango del MPPPST no se pronunciaron sobre la política de despidos y los reclamos laborales.
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