FELIZ AÑO 2015

La Gaita Prohibida

REFLEXIONES DE UN EXPERTO

Entrevista Venevisión: Ángel García Banchs, director de Econométrica

RESULTADOS DEL PRIMER ENCUENTRO SINDICAL REGIONAL SOBRE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL.

MANIFIESTO ZULIANO A LA NACION

COMPAÑEROS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS:

En Maracaibo 06 de noviembre de 2014 nos hemos reunido representantes de centrales y corrientes sindicales promotoras del sindicalismo libre y autónomo, (Colegio de Enfermeras(os), FADESS, C-CURA,UNT, MOSBASE, Gremio de Odontólogos, representación de jubilados de la administración pública y de PDVSA, Dirigentes de Gremios Sindicales y de Empleados de La Universidad del Zulia, miembros de FETRAZULIA, Representantes de los Pescadores); en el primer encuentro de la Unidad de Acción Social, Sindical y Gremial del Zulia; espacio necesario para la reconstrucción de una fuerza sindical y gremial que represente a todos los trabajadores, frente a un patrono gobierno que tiene como política desmantelar nuestras conquistas y desconocer los derechos laborales consagrados en la CRBV, en los convenios internacionales y en los contratos colectivos.

Por tanto reafirmamos con la Unidad de Acción Sindical, que nuestro país está en una encrucijada. La crisis que nos agobia tiene expresiones muy notorias tanto en el campo del ejercicio de las libertades, de los derechos civiles y políticos ―que en los últimos tiempos se evidencia en un deplorable avance de la intolerancia, del militarismo, de la represión estatal y de las restricciones―, como también en el terreno de los derechos económicos y sociales consagrados en la Constitución y en las leyes; espacio en el cual los retrocesos son más sentidos por toda la población, y en mayor medida por quienes dependemos de un salario, un sueldo o una pensión.

El patrono gobierno, más interesado en mantenerse en el poder que en buscarle solución a las exigencias y a los problemas nacionales, hace añicos las esperanzas de una vida mejor, que se expresaron en el respaldo popular al proceso de cambios que se les ofreció a los venezolanos 16 años atrás. Con su política se incrementaron a cifras galácticas los males heredados, el populismo enfermizo, la corrupción y la inseguridad. La promoción desde el poder de antivalores, los mecanismos de discriminación social y política, utilizando listas de ingentes cantidades de venezolanos que según ellos tienen negado el derecho al trabajo. La corrupción domina todas las esferas del poder e indirectamente obstaculiza derechos laborales, se utilizan mil maneras para obtener dinero mal habido, va desde el uso y abuso del intercambio que se produce a través de la política cambiaria, pasando por el saqueo de bienes producidos y colocados en el mercado por los caminos verdes, que incide en la quiebra de empresas como las siderúrgicas, pasando por el contrabando, hasta llegar a utilizar nóminas fantasmas en las empresas del estado que engordan los bolsillos de la cúpula. Y un flagelo que golpea a los trabajadores desde todo punto de vista es la inseguridad, no se trata sólo de la inseguridad jurídica que también campea, sino la que produce la violencia y el crimen en las calles del país, en nuestras casas e incluso dentro de las empresas, hasta donde ocurren atracos y asesinatos, a causa de que se ha institucionalizado la delincuencia y se han revertido los valores, a través de un discurso incendiario e irrespetuoso hacia la población desde las esferas del poder. A ello en particular se le añade el sicariato, subterfugio de mafias enquistadas en algunos sectores laborales, ya van 420 asesinatos de líderes sindicales. Este es un mecanismo utilizado para frenar el sindicalismo autónomo y honesto, para el chantaje con la aplicación del cobro de vacuna, que se ha instaurado y ya es común su uso para la consecución de un empleo. La inseguridad impacta negativamente la producción por el daño psicológico que causa al trabajador, al tiempo que eleva el costo de la vida, por los grandes gastos que el trabajador realiza para resguardar sus bienes, su vida y de los familiares.

La clase trabajadora padece en carne propia el creciente deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, cuestión que ya no puede ser ocultada con discursos y consignas. La disminución del poder adquisitivo del salario no cesa; su valor nominal no tiene nada que ver con el costo de los bienes esenciales para vivir, pues los «aumentos» ―ya sean por decreto o por contrato colectivo― se diluyen en una economía desquiciada, en la cual el dinero no tiene respaldo en la producción nacional de bienes y servicios. La demostración de esta triste realidad está en el reciente aumento del 15% al salario mínimo que no permite adquirir una canasta alimentaria cuyo monto es de 15.000 bs. f Y una canasta básica de 24.000 bs. f, producto de una inflación record de 70% y en alimentos de 100% aproximadamente. La inflación se ha introducido en nuestro país como un virus que afecta

el salario y deteriora la calidad de vida de los venezolanos. Esto ha ocurrido con un petróleo a un precio promedio de 100 dólares el barril, pues con la baja de los precios tendremos un 2015 más grave y mucho más conflictivo.

El gobierno desincentiva la industrialización y la producción agrícola, llevando además a las empresas estatizadas a una crisis con baja producción o paralización, donde se violan los derechos de trabajadores y trabajadoras, no se discuten los contratos colectivos se impone la voluntad del gobierno y no se respeta la autonomía sindical. Pasó a predominar el carácter especulativo de la economía junto con el incremento de la economía de puertos, que nos indican que somos más dependientes que nunca, el 97% de las divisas que ingresan son por concepto de la venta del petróleo, lo que hace que dependemos de las importaciones para abastecer al país de rubros básicos para la vida de la población, produciendo una carestía de la vida sin precedentes y un atentado contra la soberanía alimentaria.

Entonces, el empleo y el derecho al trabajo dependen cada vez más de la renta petrolera, que el patrono gobierno maneja de manera autoritaria y despótica. Cada día se cierran o se debilitan áreas de inversión productiva: industrias básicas, automotriz y autopartes; cemento, agroindustria, manufactura textil, producción gráfica e impresa; industria química y laboratorios, entre otras. El uso clientelar y chantajista de los empleos en la administración pública ―que no fue inventado en estos 16 años, pero que se ha elevado a grados exponenciales no conocidos―. El desempleo, como se sabe es un mal social que afecta no solo al que sufre esa condición, sino que también a quien labora, por cuanto es alimento para el acoso laboral, incide negativamente en sus condiciones anímicas, al lado que se desconocen derechos laborales básicos y se lesiona la propia dignidad humana al querer controlar hasta la vida personal de quien trabaja en instituciones del Estado. Hoy más que nunca desde el Estado-patrono se promueve todo tipo de contrataciones al margen de la legalidad que ponen a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad a la hora de exigir sus derechos laborales.

Aun cuando las cifras oficiales del desempleo lo colocan por debajo de 10%, la realidad nos muestra cómo el subempleo y el trabajo informal han alcanzado índices superiores a 40%, con la gran pérdida de capacidad productiva que ello significa, pues se reduce el espacio para el desarrollo de un trabajo sustentable, permanente y amparado por la protección social, en ese sentido, hay que señalar que el gobierno abusa con las personas beneficiarias de las misiones, comete fraude a los derechos laborales de estas familias, ya que una gran mayoría de ellos reciben un beneficio que se esfuma con la inflación, no gozan de los beneficios de Ley ni contractuales, sin embargo el régimen los usa para enmascarar las cifras de empleo.

A los nuevos egresados universitarios, a los técnicos medios y superiores, a los trabajadores capacitados, a quienes han hecho mérito por avanzar en sus conocimientos profesionales, a los investigadores y científicos, esta circunstancia económica y social no les ofrece campo para desarrollar su ingenio y sus habilidades. Y esto no solo tiene un resultado medido en desempleo, subempleo o en fuga de esas capacidades hacia otras naciones, sino que trasciende y se convierte en un obstáculo insalvable para que Venezuela pueda romper las cadenas de dependencia e impulsar un desarrollo económico soberano e independiente. En este aspecto las cifras son trágicas ya que se calcula un éxodo de 1.500.000 trabajadores que han partido a otras tierras por no conseguir un empleo decente en Venezuela. Y paradójicamente, han ingresado millares de trabajadores de otros países, como resultado de los convenios internacionales que ha hecho el Estado, favoreciendo la mano de obra extranjera en detrimento de la nacional.

Las Universidades autónomas, emporio del pensamiento crítico y fuente inagotable para lograr el desarrollo de la nación, se han visto vulneradas en su esencia por la intervención del Estado. En ese cuadro caótico, la Universidad ve vulnerada su autonomía, los derechos laborales del sector universitario han sufrido un gran descalabro, que se agudiza con la postura antisindical del gobierno. El desconocimiento de la legítima representación sindical y gremial a la hora de dilucidar los asuntos inherentes a las relaciones de trabajo (ya sea respecto a un convenio colectivo, normas de homologación, los cambios de la legislación laboral, elección de autoridades o una política pública), niega el verdadero diálogo social y

cercena la libertad de los trabajadores para seleccionar la organización sindical que considere más ajustada a sus intereses de clase.

El caso más emblemático de este año 2014 ha sido la huelga de los trabajadores de SIDOR, quienes defendieron en movilizaciones y paros el derecho a renovar su contrato colectivo, obtuvieron como respuesta la represión brutal de los cuerpos policiales y militares del Estado, e incluso 3 compañeros trabajadores se encuentran detenidos y al mismo tiempo se les impuso un contrato colectivo ilegalmente en un madrugonazo desconocedor de los estatutos de SUTISS.

Y no se podría pasar por alto la situación de la Seguridad Social en nuestro país, que todos los estudios indican que es muy deficiente y que se debe revisar y reformar la Ley en tiempo perentorio, porque la inexistencia de una Ley de Seguridad Social que resguarde y proteja a los trabajadores atiza la crisis y acelera la conflictividad laboral. Hay un estado de hacinamiento de muchas instituciones de salud, que enmascaran sus precarios servicios, con la morosidad del patrono gobierno y las empresas privadas. Particularmente las empresas que le trabajan a PDVSA, las llamadas Contratistas Petroleras; realizan trabajos petroleros (gabarras de perforación y taladros) y firman los contratos fraudulentos con el aval de PDVSA, por la LOTTT. Desconocen los servicios de clínicas y medicinas, obligatorios por la Ley y el Contrato Colectivo Petrolero, por lo que los trabajadores que sufren accidentes laborales son llevados a los Hospitales, CDI o Ambulatorios, esta es una práctica de la contratista petrolera TERRAMARINE, que juega con la dignidad de la clase trabajadora y su familia, si estos atropellos por parte del Estado patrono ocurren a diario contra quienes producen el rubro que le da sustento a la economía nacional, que se puede esperar del trato del Estado para con el resto de los trabajadores. Todo esto perjudica de una manera exponencial catastrófica a la integridad física y psíquica de los trabajadores, que son agobiados por bajos salarios, que no les alcanza para comer, mucho menos para cubrir los elevados costos de su seguridad social. Muchos accidentes laborales, han dejado a obreros incapacitados y otros que han muerto, por falta de una verdadera política de seguridad social. Los trabajadores viven hoy día, como nunca vivieron, en un constante stress, que hace que proliferen enfermedades, que muchas veces se complican por la baja calidad en la atención médica y la escasez de medicinas. Los articulados legales, que supuestamente mejorarían la seguridad social no se cumplen y las instituciones que fueron creadas para favorecer al débil jurídico, se hacen de la vista gorda y actúan a favor de los patronos y no ejecutan las leyes o actúan en forma tardía (la justicia tardía no es justicia), cuando no se atiende a tiempo un trabajador que ha sufrido un accidente laboral, pues su salud empeora.

Los jubilados y pensionados viven otro viacrucis, no solo en el ámbito social, sino también salarial, una persona con edad avanzada, debe descansar, pero no es así, ahora es cuando necesitan protección. Los beneficios que este patrono ha establecido unilateralmente son insuficientes, se ameritan otros, sean monetarios o programas sociales que sustenten el salario real devengado por los pensionados y jubilados. En ese sentido saludamos con beneplácito lo propuesto por el exdiputado, hoy Alcalde del Mcpio. Iribarren, Estado Lara, Alfredo Ramos y que ahora el Presidente Maduro la mencionó como si fuera su propuesta, sobre una cesta ticket salud-alimentación, que desde ya debemos exigir que no sea un beneficio pírrico como el aumento del 15% del salario mínimo decretado. Dicho beneficio debe ajustarse a un salario, que a su vez debe igualarse al costo de la canasta alimentaria que está por el orden de los 15.000 bs, de lo contrario continuarán las penurias y las necesidades seguirán latentes.

Otro punto muy importante del tema de la Jubilación, fue el relacionado al fraude que hubo en PDVSA, CARBONES DEL GUASARE, PEQUIVEN, entre otras empresas; sobre el Fondo de Pensiones de Activos y Jubilados, del cual presuntamente sustrajeron 520 millones de dólares y Francisco Illaramendi, quien fue acusado por dicho fraude, paga cárcel en los EEUU, pero si hubiese sido enjuiciado en nuestro país, este Sr. no hubiese sido tocado y estuviera por estas calles como si nada hubiera ocurrido, ya que un fiscal accidental en el 2012, presentó escrito ante el tribunal de control de caracas y lo absolvieron de toda pena; esto pasó también con la interpelación hecha por la Asamblea Nacional, al ministro Rafael Ramírez y Eudomario Carruyo en el 2013, Presidente de PDVSA, para ese tiempo y Jefe de Finanzas de PDVSA, que fueron absueltos de toda responsabilidad administrativa; lo mismo paso con el caso de las 170 mil toneladas de

comida podrida de PDVAL, que usaron como mampara para hacer negocios con los dólares preferenciales, ni siquiera fue discutido.

En cuanto a la parte administrativa del Seguro Social Obligatorio, hay que agregar que los representantes de dicha institución no cumplen con la Ley y/o la distorsionan en su aplicación. Sus actuaciones genuflexas con respecto a los patronos sean públicos o privados, dañan a la propia institución y perjudican el patrimonio de los trabajadores; por ejemplo, aquellas empresas que no cancelan al SSO a pesar de haberles descontado sus cotizaciones a los trabajadores, no son objeto de ninguna sanción, en ese delito están incursas contratistas como TERRAMARINE, la mayoría de las Empresas de Servicios que le trabajan a PDVSA y la mayoría de las instituciones públicas. También está el caso del Sistema Tiuna, que está arrojando fallas en cuanto al número exacto de cotizaciones del trabajador(a), porque al hacerse la inscripción en el SSO, el sistema solo refleja las cotizaciones de fin de año. Por otra parte, la institución entrega un solo juego de original para los efectos del reposo de los trabajadores, que el mismo le sale sólo para una empresa aun cuando trabaja y cotiza en varias empresas, lo justo es que se entreguen tantos juegos de reposo, como en empresas labore y cotice.

En cuanto a la actuación del Ministerio Publico (MP) y el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, aparte de ser irritas, se practica el asedio y las persecuciones, solo para complacer a los patronos. Por una parte el MP abre expedientes judiciales, encarcelan a trabajadores por el solo hecho de impulsar acciones en defensa de conquistas y reivindicaciones laborales y el Min. del Trabajo, utiliza como comodines a las Inspectorías del Trabajo, que Juzgan, quitan Fueros Sindicales y Despiden a Dirigentes sindicales, Federativos y a trabajadores, sin ningún derecho a la defensa, allí manda el partido, son una calamidad, por el terror que imponen. Con el uso desvergonzado de la parcialización de los órganos de justicia el derecho a huelga ha sido convertido en delito, con base en normas punitivas absolutamente contrarias a la Constitución como las previstas en la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa Nacional o en la reforma del Código Penal del 2005 y la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios de 2010, y otras leyes que asocian la función sindical con acciones delictivas y hasta terroristas. A continuación, denunciamos varios casos de persecución y otros donde se criminaliza la protesta laboral y social: Edo. Falcón, el despido de Iván Freites Sec. Ejecutivo de Profesionales y Técnicos de la FUTPV (Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, Gas y sus Similares de Venezuela) y Sec. General del SUTPGEF (Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros y Gas del Estado Falcón); Edo. Lara a Osmary Escalona, Sec. General del Sindicato de los Seguros Sociales y a Orlando Chirinos, Sec. General del Sindicato de las Cementeras; En el Zulia, la conflictividad laboral llega a limites extremos generadas por esta política antisindical y antilaboral del gobierno nacional: el despido de Hania Salazar de su cargo como Enfermera II, siendo la actual y legítimamente electa Presidenta del Colegio de Enfermeras(os), destituida por la Gobernación del Zulia simplemente por defender los derechos laborales del gremio que representa. En su caso se pretende intimidar, acosar a todo sindicalista o gremialista que mantenga una posición firme contraria al patrono-gobierno en defensa de sus representados; igualmente se agrede a Francisco “Fran” Luna, trabajador petrolero y Sec. Ejecutivo de Prensa y Propaganda de la FUTPV, quien es acusado por PDVSA en la Fiscalía 42, cargos de instigación a delinquir, art No 37 de la Ley contra Terrorismo, solo por asistir a una asamblea en Tía Juana, invitado por los trabajadores petroleros. Otros casos graves fueron: lo sucedido a Rubén González, Sec. General de Ferrominera, preso 2 años y 3 de juicio, José Bodas, detenido por repartir volantes del Contrato Colectivo Petrolero en Puerto la Cruz. En ese orden hay que denunciar la agresión contra Froilán Barrios, Directivo de FADESS, quien fue acusado injustamente y sin prueba alguna, junto a otros dirigentes sociales de recibir financiamiento para generar violencia a través de las llamadas Guarimbas; Se encuentran presos 3 trabajadores de SIDOR y Ferrominera; y el caso de Rodney Alvarez, hoy detenido acusado perversamente de asesinato, simplemente por no compartir el ideario oficialista y haber luchado por la libertad de Rubén González.

En ese mismo tenor se denuncia el caso de los 23 mil trabajadores despedidos de PDVSA, quienes no han recibido el pago de sus prestaciones sociales desde hace 12 años; el caso de

los ex trabajadores de CEMEX quienes de igual manera no se les canceló sus prestaciones sociales, habiendo recibido el gobierno el dinero para cubrir dicha deuda laboral; estos entre otros casos, forman parte de la arremetida del Estado patrono, en función de acostumbrar a los trabajadores a todo tipo de violaciones de sus derechos; la realidad actual nos señala como se arremete contra los trabajadores petroleros de la Costa Oriental del Lago y de los diferentes campos de producción, se violenta su contrato colectivo y se les desconocen sus derechos sindicales; igualmente la Gobernación del Zulia, que además de despedir a más de 9000 trabajadores, se les desconoce sus derechos, los profesionales, técnicos universitarios, obreros, empleados, contratados y tercerizados, llevan más de 10 años sin firmar un contrato colectivo.

Otro aspecto que deprime las condiciones de vida y de trabajo y por ende de la producción, es la escasez y el desabastecimiento, que forman parte del círculo vicioso y las distorsiones de la economía, que buscan enmascarar con una supuesta guerra económica y con medidas que lejos de solventar los problemas -que tienen su origen en la falta de producción nacional-, lo que hacen es agravarlos, porque con el negocio que tienen con el sistema biométrico, para racionar el consumo, violan la constitución, los DDHH y las libertades individuales. Es lo mismo que el llamado chip para racionar el consumo de la gasolina, utilizando como excusa el contrabando, conociendo ellos los operadores de ese delito y sus cómplices. Son medidas que no resuelven las causas del problema. El control que tiene el gobierno es absoluto, este monopoliza la economía, con lo cual viola su propia Ley antimonopolio, además impide que se adquiera o se mueva un producto sin que ellos lo sepan, ello significa que lo que hasta ahora se haya contrabandeado o acaparado es con su consentimiento, resultan, entonces, sospechosas las últimas confiscaciones realizadas, parecen otro Dakazo que les permite confundir y sustentar su « guerra económica » aparte de adueñarse de bienes ajenos.

Los trabajadores(as) zulianos (as), hemos decidido en este Primer Encuentro Regional, constituir la Unidad de Acción Social, Sindical y Gremial del Estado Zulia, como institución que permita incorporar a todas las corrientes sindicales, sindicatos y gremios en la cual se sumen los esfuerzos para impulsar un sindicalismo autónomo y solidario en defensa de los trabajadores, sin condicionamiento alguno a gobiernos, partidos políticos y patronos privados, de donde se pueda impulsar un plan de acción que incorpore a las comunidades y promueva una nueva estructura de la organización política sindical integrada desde las parroquias, ya que el devenir de los tiempos exige la generación de políticas sindicales capaces de lograr los cambios necesarios en función del bienestar integral de la familia venezolana, tal como lo consagra nuestra CRBV. De igual forma, debemos incorporar las exigencias de los compañeros trabajadores de la Costa Oriental y Sur del Lago, de la Zona de Perijá, la Subregión Guajira y a los hermanos de todas las etnias indígenas, a los de la economía Informal, sector de los pescadores y en fin, a todos los trabajadores (as) de este Estado, para así lograr un movimiento que impulse una genuina lucha por nuestras reivindicaciones y nuestros derechos, al trabajo digno, a la libertad sindical y a la democracia plena.

En razón de ello proponemos:

1. Aumento general de sueldos y salarios y fijación del salario mínimo, tomado como referencia el costo de la canasta básica, como lo prevé la Constitución.

2. Discusión de los convenios colectivos en el sector público y privado.

3. Respeto a los derechos humanos y laborales.

4. Derogación de las normas antisindicales del DLOTTT y de las leyes que criminalizan las protestas.

5. Reincorporación inmediata a la compañera HANIA SALAZAR, destituida ilegalmente por la Gobernación del Estado Zulia.

6. Reenganche de Iván Freites de la FUTPV en el Edo. Falcón; de Osmary Escalona, Sec. General del Sindicato de los Seguros Sociales y a Orlando Chirinos, Sec. General del Sindicato de las Cementeras, ambos del Edo. Lara.

7. Exigir que se dejen sin efecto los juicios abiertos contra dirigentes sindicales y populares por ejercer el mencionado derecho. Libertad inmediata para Rodney Álvarez

8. Derogatoria de los artículos 497 y 498, contenidas en el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras, referentes a los Consejos de

Trabajadores(as), por colidir con lo establecido en el artículo 95 de la CRBV y con lo establecido en el Convenio 87 de la OIT.

9. Impulsar la lucha por la generación de empleo productivo en el Estado Zulia a partir del relanzamiento de las zonas industriales de Maracaibo, Cabimas, Lagunillas, a partir de una política dirigida a diversificar la economía nacional.

10. Promover en todas las esferas de la sociedad venezolana un movimiento por la disminución del IVA a menos del 5%, en función de disminuir la inflación y que los ingresos que por este renglón se obtienen se logren a través de una reforma tributaria, con la cual se aumente los impuestos a los sectores que más tienen.

11. Impulsar la lucha contra la corrupción, flagelo que carcome todas las instituciones públicas y se ha convertido en un enemigo directo de la clase trabajadora y del pueblo en general, porque golpea nuestras condiciones de vida.

12. Luchar por la eliminación de tantas trabas burocráticas para la creación de nuevas empresas.

13. Exigir al patrono gobierno que en el marco de los convenios internacionales, los empleos que se generen sean de venezolanos, para que no continúe siendo desplazada nuestra mano de obra por extranjeros.

14. Solidarizarnos con el resto del pueblo en la lucha contra la escasez, el desabastecimiento y contra el uso de mecanismos de racionamiento, que para nada resuelven los problemas que causan dicha crisis y tampoco atacan a sus consecuencias como las del bachaqueo y el contrabando.

15. Exigir la revisión inmediata de la Ley de Seguridad Social y su aplicación, que se contemple su progresividad en los contratos colectivos, que las instituciones para este fin estén 100% funcionales con especialistas y profesionales, sin trabas de ningún tipo para la atención inmediata de pacientes (trabajador y beneficiario) y sin escasez de medicinas para el tratamiento de sus enfermedades. Revisar a fondo, la ilegalidad con que se administran los Accidentes Laborales e Incapacidades. Y las Instituciones de Inpsasel saturadas de denuncias por insuficientes y muchas arrodilladas a los patronos privados y públicos.

16. Toda la dirigencia sindical debe abocarse a que los trabajadores del sector privado conquisten a través de la contratación colectiva las jubilaciones, y que todas sean con el 100%, aplicando la Ley del Estatuto Publico y Jubilaciones por beneficios médicos, como lo hace PDVSA. Así mismo lograr que a los jubilados(as) se les homologue el salario con los activos, como la tienen actualmente el personal del ministerio del poder popular para la educación y el personal de las fuerzas armadas, eso significa, que todo aumento salarial a los activos, también involucra a los jubilados.

17. Exigir reabrir los casos judiciales de quienes se apropiaron en forma indebida de 520 millones de dólares del fondo de activos y jubilados de PDVSA, Carbones del Guasare y PEQUIVEN, con la presunción de complicidad por parte de los gerentes de dichas empresas; indagar dónde está ese dinero y luchar por su devolución al referido Fondo, asimismo, incentivar la lucha junto con la sociedad para que casos como este donde se afectaron 60 mil jubilados(as) no queden impunes.

18. Exigir que se corrijan las anomalías del Sistema Tiuna, que está dañando a la clase trabajadora en sus cotizaciones.

19. Reforma de la Ley del Estatuto de la Función Pública en relación a la jubilación.

20. Lograr que los beneficios laborales del personal jubilado sean homologados con los del personal activo.

21. Rechazamos la medida del IVSS, mediante la cual se obliga a los asegurados incapacitados por médicos del Instituto en las diferentes regiones, a ser evaluados por una junta de médicos de la capital, y que sea dicha junta evaluadora quien en definitiva otorgue o no dicha incapacidad, llegándose el caso tan grave de trabajadores que han sufrido ACV que para que les sea otorgada su incapacidad, tienen que trasladarse a Caracas, lo cual es inhumano, además de reforzar un centralismo pernicioso y dejar mal parados a los médicos de las regiones, en tanto que dicha medida desconoce su ética profesional.

22. Exigir que se cumpla la ley en cuanto a la contribución de las cotizaciones de los trabajadores, son 750 cotizaciones, ni más ni menos, proponemos que se emita un decreto en base a esto, para que a nadie se le cobre a partir de su promulgación, ni un bolívar más al cumplir su cotización 750 y que les sea devuelto el dinero de aquellos trabajadores(as), que pasan de esa cifra, o en su defecto que le aumenten la pensión en concordancia con las cotizaciones excedentes.

23. Luchar por la despartidización de todas las instituciones que tengan como deber garantizar los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores y exigir que dichos cargos se obtengan en base a concursos y credenciales.

La Unidad de Acción Social, Sindical y Gremial del Estado Zulia reitera su compromiso indeclinable de impulsar los cambios que beneficien al pueblo trabajador, de luchar por hacer respetar los derechos de los trabajadores ―frente a este patrono gobierno o cualquier otro y frente al patrono privado―, insistimos en propiciar una economía que apuntale el desarrollo de nuestras grandes capacidades productivas, a la par de enaltecer el cumplimiento de los derechos asociados al trabajo decente. Esto no solo nos obliga a seguir defendiendo la autonomía y la libertad sindical, el derecho a la contratación colectiva y a la huelga, el salario digno y la seguridad social, sino que también nos reclama participar como luchadores sociales de primera fila en la conquista de una sociedad más justa, más democrática, más libertaria, más solidaria, en una patria donde la soberanía e independencia no sean solo frases propagandísticas sino que estén afincadas en una fortaleza económica y social que auspicie el progreso material y espiritual de todos los venezolanos y la confraternidad con los pueblos del mundo.