Derecho al salario y a una remuneración justa. Fuente: PROVEA 2014

Derecho al salario y a una remuneración justa. Fuente: PROVEA 2014.

Derecho al salario y a una remuneración justa 2014 fue un año de variación acentuada de precios y notable escasez tanto en la red de supermercados pública como privada. La opacidad en las cifras oficiales se profundizó y el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó las estadísticas de la inflación anual con dos meses de retraso, específicamente en febrero de 2015. Según el cálculo oficial, Venezuela registró una inflación acumulada (enero-diciembre) de 68,5%, superior a la registrada en el año previo, de 56,2%. El tema inflacionario fue especialmente sensible en 2014 y se refleja en las está-dísticas del BCV, que indican que la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 102,2% en el año, siendo el grupo con mayor alza. La pérdida del poder adquisitivo obligó al Ejecutivo nacional a decretar tres aumentos del salario mínimo en el año, distribuidos de la siguiente manera: 10% en enero, 30% en mayo y 15% en diciembre. “Esto es porque estamos en guerra, hay una guerra económica contra el país y tiene efectos sociales”, dijo el presidente Nicolás Maduro durante el primer anuncio de aumento salarial, que el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, atribuyó a la pérdida del poder adquisitivo. Según los cálculos de la consultora, el salario mínimo real sufrió una caída de 9,03% al cierre del 2013, mientras que el salario promedio retrocedió 13,2%. Con estos ajustes, el salario mínimo se ubicó al cierre de 2014 en Bs. 4.889,11, una variación total de 55%. Pero en enero de 2015, en un intento desesperado de salvaguardar el poder adquisitivo, el Ejecutivo decretó un nuevo aumento salarial de 15% que llevó el salario mínimo a Bs. 5.622,48. Los ajustes decretados por el Presidente solo benefician a 40% de la masa laboral venezolana, que es la que devenga salario mínimo y un poco más, pero sin llegar a dos salarios mínimos, de acuerdo con el viceministro del Trabajo, Elio Colmenares. Las variaciones salariales fluctuaron en función del sector. En el caso de los trabajadores petroleros se aprobó un aumento salarial de 90,07% entre Pdvsa y la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela para la convención colectiva 2013-2015. En mayo, el presidente Maduro autorizó ajustes en el tabulador salarial del sector público, con lo cual, en el caso de los obreros en el grado menor de la primera escala salarial, la remuneración se ubicó en Bs. 4.251,50 y la máxima remuneración en Bs. 7.256,90. Para el personal administrativo, la máxima remuneración quedó en Bs. 10.462,06 para el profesional tipo III. Los aumentos en el sector militar también se diferenciaron pues sobrepasaron la escala salarial de los civiles, desatando una ola de debate. Entre 2010 y 2014 los uniformados recibieron incrementos salariales de 235%, 74% más que los ajustes al salario mínimo de los civiles, que en el mismo período reportaron aumentos de 161%, la mayoría de ellos fraccionados. Como en años anteriores, gremios y organizaciones laborales critica-ron la falta de seriedad en los anuncios de aumento salarial al no considerar variables como la inflación y no consultar a las partes. “La medida fue improvisada y ratifica la política del Ejecutivo de no consultar a todas las partes”, dijo Froilán Barrios, representante del Frente

Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess). La Canasta Alimentaria Normativa (CAN) calculada por el INE se ubicó en noviembre de 2014 en Bs. 6.382,62, un monto que supera el salario mínimo con el cual la familia venezolana debe cubrir también gastos por servicios, salud, educación y transporte, entre otras categorías. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas FVM) precisó por su parte que el costo de la canasta alimentaria en diciembre de 2014 escaló a Bs. 17.230,42, de modo que una familia venezolana requería ese mes 3,5 salarios mínimos para cubrirla. La cesta de alimentos, precisa el estudio, subió 106,4% entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014. Para compensar la variación de la inflación, sin atacar la raíz estructural del alza persistente de precios, el presiden-te Nicolás Maduro aprobó a finales de 2014, por vía habilitante, la reforma a la Ley de Alimentación de Trabajadores, con lo cual incrementó la base de cálculo del ticket de alimentación de 0,25 Unidades Tributarias (UT) a 0,50 UT, mientras que el monto máximo se llevó a 0,75 UT. El beneficio subió ligeramente, pero el ascenso de los precios impide la cobertura de la cesta de alimentos. El primer mandatario anunció el estudio de una modalidad de beneficio “farmacéutica alimentaria” para los pensionados, pero al cierre del año aún no había sido implementada. En su informe anual Panorama Laboral 2014, la OIT indicó que en Venezuela “el salario mínimo real se ha visto afectado por la aceleración inflacionaria”, en un contexto regional de desaceleración económica que ha puesto en duda las posibilidades de seguir avanzando y contempla incluso el riesgo de que se reviertan algunos logros alcanzados. El organismo llama la atención no solo en el desempleo, sino en los problemas relacionados con la calidad del empleo, al apuntar que en la región hay 130 millones de ocupados en condiciones de in-formalidad, lo cual habitualmente implica malas condiciones laborales, desprotección, inestabilidad y falta de derechos. “La promoción del trabajo decente es precisamente uno de los temas principales que la comunidad internacional está tratando en el marco de la discusión sobre los objetivos de desarrollo más allá de 2015. En este caso, se trata de reconocer la importancia del empleo como componente del desarrollo sostenible y pieza clave de un crecimiento más robusto e inclusivo”. Aunque las cifras oficiales del Producto Interno Bruto 2014 no habían sido publicadas hasta el cierre del primer trimestre de 2015, la OIT mostraba las proyecciones de retroceso económico de Venezuela con base en las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que proyectaban una caída de 3% del PIB al cierre de 2014, retro-ceso que se desaceleraría para 2015, cuando cerraría en 1%. En medio de la pérdida del poder adquisitivo, las manifestaciones por mejoras socioeconómicas se acentuaron, como en el caso de los trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), quienes protestaron para exigir un aumento salarial, reposición de primas, compensación y actualización científica, entre otros reclamos37. Enfermeros del estado Carabobo marcharon en el Día Internacional de la Enfermería para exigir “sueldos justos”, así como el pago de las prestaciones a los jubilados, cargos fijos y dotación de insumos, una solicitud que se replicó en varios estados del país. En Caracas, un grupo de enfermeros del Hospital Materno Infantil Comandante Hugo Chávez trancaron la Intercomunal de El Valle luego de seis meses sin cobrar sus sueldos. En algunos casos se incumplió con ajustes salariales acordados previamente. Fue el caso del Hospital Materno Infantil José María Vargas, en el estado Carabobo, en donde el presi-dente del Colegio de Médicos, Fernando Henríquez, denunció que 800 profesionales tenían –en abril– siete meses esperando el pago del aumento salarial de 75% aprobado por el Ejecutivo nacional en septiembre de 2013. Madres Integrales de los Simoncitos Comunitarios del estado Aragua protesta-ron por más de dos meses de retraso en

el pago de sus salarios y la falta de beneficios laborales, pese a que cumplían con una jornada diaria de ocho horas, reclamo que también hicieron en distintas partes del país las Madres Procesadoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE). En diciembre, 62 mil Madres Procesadoras formalizaron su ingreso a la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE), “que les garantiza un trabajo fijo, con salario mínimo mensual y seguridad social”, de acuerdo con el ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Trabajadores denunciaron el incumplimiento de la LOTTT, en cuanto a la eliminación de la tercerización y la garantía del pago del salario por el trabajo realiza-do. En enero de 2014, 220 trabajadores que habían sido con-tratados a finales del año anterior para atender una contingencia en la recolección de basura en Maturín, estado Mona-gas, protestaron para exigir ser contratados, además de re-clamar el pago del mes de trabajo. En la Zona Educativa del estado Zulia, 200 personas –obreros, educadores y personal administrativo– protestaron en enero de 2014 para exigir la asignación de cargos fijos. Educadores, obreros y personal administrativo de la Zona Educativa del estado Lara realiza-ron una toma de más de 20 días de las instalaciones para exigir el pago de salarios y cargos fijos, luego de “dos y hasta seis años sin percibir sueldo”. Personal de mantenimiento de las escuelas públicas nacionales del estado Carabobo denunciaron que al igual que más de mil obreros no había cobra-do ni un bolívar desde que iniciaron sus servicios en 2008, y transcurridos cinco años les dijeron que no les podrían dar los cargos porque ninguno era bachiller. Los tercerizados también exigieron cumplir con la eliminación de la tercerización establecida en la LOTTT, con múltiples protestas en las empresas básicas de Guayana y otros estados del país. Las protestas de los trabajadores han trascendido también el plano reivindicativo, como se observó en periodos anteriores, para exigir inversiones y provisión de materia prima. En 2014, trabajadores de la Industria China Venezolana de Taladros (ICVT), ubicada en el estado Anzoátegui, protestaron por varios meses con el cierre de vías en dos oportunidades para exigir aclarar el destino de la industria, pues la falta de insumos mantenía paralizado el ensamblaje de taladros, de-tención que en cadena afectó los beneficios laborales.

Trabajadores de la Faja Petrolífera del Orinoco protestaron en los portones de PDVSA División Ayacucho en San Tomé, estado Anzoátegui, para exigir al presidente de la empresa, Eulogio del Pino, una revisión del tren gerencial, pues según el secretario general del Sindicato Nacional Único de Trabaja-dores Petroleros, Luis Díaz, no han tenido respuesta sobre las solicitudes de mejoras en las condiciones de trabajo, implementos de seguridad y herramientas para taladros. Trabaja-dores del Hospital General de los Valles del Tuy Simón Bolívar protestaron por la falta de insumos que ha obligado a los pacientes a proveer desde una jeringa hasta el yeso, así como por la violación del contrato colectivo. “No hemos cobra-do los aumentos decretados por el presidente Nicolás Maduro”, dijo Corina Guerrero, secretaria del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud. La coyuntura económica por la baja en la asignación de divisas, la inflación y el aumento de los gastos laborales y operativos, también motivó protestas. Uno de los casos más emblemáticos fue el cierre indefinido de la empresa Clorox por falta de rentabilidad y caída operativa, lo cual generó de inmediato la protesta de 790 trabajadores de la compañía privada. El gerente general de Clorox, Oscar Ledesma, informó a los empleados que les serían canceladas las liquidaciones y contarían con seguro médico pagado por un año; pero los trabajadores no se conformaron y se mantuvieron en vigilia hasta que el Ejecutivo formalizara la ocupación temporal de la empresa y constituyera una junta administradora temporal, con miras a reactivar las operaciones. La crisis en el sector automotriz significó la paralización de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. Christian Pereira, presidente de la Federación Unida de

Trabajadores Auto-motrices, Autopartes y Conexos (Futacc), informó en julio en torno a las 400 autorizaciones de despido solicitadas por las empresas Encava y Ford, lo que obligó a que los trabajadores se declararan en emergencia. Los trabajadores del sector marcharon hasta la capital de Carabobo para solicitar al gobernador Francisco Ameliach su intervención en la situación, pero no fueron atendidos por el mandatario regional. En la misiva que consignaron ante la Gobernación pidieron el cese de hostilidades, un plan que reactive la industria y el rechazo al incremento de la importación de vehículos mientras la industria nacional atraviesa una crisis. Trabajadores de Sur-americana de Soplados C.A., ubicada en el estado Carabobo, reclamaron la reactivación de la planta –luego de un mes paralizado, la continuidad de la producción nacional y el pago de salarios adeudados por la compañía privada, fabricante de tanques de gasolina, cuyos accionistas decidieron cesar operaciones desde el 29.09.14, tras nueve meses sin tener una producción óptima. La reestructuración de ministerios, ordenada en septiembre por el presidente Nicolás Maduro como una vía para reducir la burocracia, generó alarma en los trabajadores, principalmente en los contrata-dos, los más débiles en este tipo de casos.

La Gaceta Oficial N° 40.489 del 03.09.14 oficializó en el Decreto 1226 la eliminación de los ministerios de Educación Universitaria y de Ciencia, Tecnología e Innovación; y en el Decreto 1.227 la supresión de los ministerios del Ambiente y de la Vivienda y Hábitat para crear el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo. Servando Carbone, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores, dijo que en estos casos los más vulnerables de quedar cesantes son los contratados, que ascienden a 1,25 millones de personas en la nómina to-tal de la administración pública central. El ministro de Vivien-da y Hábitat, Ricardo Molina, aclaró en una asamblea que la estabilidad laboral no sería afectada por la fusión.